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«Estamos ante el terreno de lo inédito: nunca se había recuperado tanto dinero», presumió en su conferencia matutina el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 10 de febrero de 2020. Minutos después dio la palabra al fiscal Alejandro Gertz Manero para que entregara al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) un cheque por 2 mil millones de pesos rescatados de un supuesto acto de corrupción.

En esos momentos el cheque no tenía fondos ni podía entregarse legalmente al Indep, como se hizo simbólicamente en esa mañanera, ni al Infonavit, presunta víctima del acto de corrupción. Antes y después de «rescatar» esos 2 mil millones, la Fiscalía General de la República (FGR) ha perseguido a empresarios inmobiliarios, a quienes acusa de un supuesto fraude que no ha podido probar.

La FGR obtuvo el dinero a base de presión y mediante un acuerdo reparatorio con los hermanos André y Max ElMann, accionistas de la empresa de bienes raíces Fibra Uno. Los acusó de participar –con los hermanos Rafael y Teófilo Zaga, dueños de Telra Realty, S.A.P.I. de C.V.– en un fraude al Infonavit, que los indemnizó con 5 mil 88 millones de pesos en 2018 por terminar anticipadamente varios contratos y convenios.

Según los documentos revisados para este reportaje, tanto el contrato como la cancelación del mismo y la indemnización a Telra Realty fueron avalados por los máximos órganos de gobierno del Infonavit: la Asamblea General y el Consejo de Administración. El mismo instituto, víctima del supuesto acto de corrupción, no ha identificado responsabilidad contra «personas específicas» en el caso.

Pese a ello, la FGR recibió los 2 mil millones de pesos como reparación del daño por un delito que los ElMann niegan haber cometido. Y sigue persiguiendo a los Zaga, a quienes ha intentado imputar delitos como defraudación fiscal, lavado de dinero o delincuencia organizada en al menos tres investigaciones emprendidas. En el camino, dos exfuncionarios del instituto y Teófilo Zaga han sido vinculados a proceso y encarcelados en el penal federal del Altiplano.

Cuando Alejandro Murat asumió la dirección del Infonavit, en diciembre de 2012, el abandono de vivienda era un problema que la institución venía arrastrando desde hacía dos sexenios. Para Rafael Zaga Tawil era una oportunidad de negocios que lo motivó a idear un plan que definió como «el Uber de la vivienda».

El empresario buscó reunirse con Murat para explicárselo: su empresa crearía una plataforma digital mediante la cual los derechohabientes del Infonavit podrían vender, comprar, rentar o intercambiar sus casas a cambio de una comisión.

A finales de 2012 el coordinador de asesores de Murat, Luis Rodolfo Argüelles Rabell, los presentó. Zaga le aseguró al hoy gobernador de Oaxaca que el Infonavit no pagaría un centavo. Sus empresas rehabilitarían las viviendas abandonadas y desarrollarían y operarían la plataforma digital. La comisión la pagarían los propietarios de cada casa colocada.

En el Atlas del abandono de vivienda, publicado en 2014 y que tomaba como referencia los 5 millones de casas deshabitadas contabilizadas en el censo de 2010, el Infonavit reconocía 289 mil viviendas ­desocupadas y en franco deterioro, pero acotaba que «8 de cada 10 viviendas ­desocupadas son viviendas abandonadas»: el equivalente a 4 millones de inmuebles.

Para resolver el problema, Murat se decantó por una solución popular en aquellos tiempos: privatizar. Año y medio después, el «Uber de la vivienda» comenzaba a materializarse.

El 9 de junio de 2014 el Infonavit suscribió un convenio marco con Telra Realty, empresa que Rafael Zaga confirmó haber creado un mes antes exclusivamente para el proyecto con el Instituto.

Firmado por José Octavio Tinajero Zenil, subdirector general jurídico, el convenio acordó una colaboración «exclusiva» entre Telra y el Infonavit para crear el Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH).

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CREARÍA TRES FIDEICOMISOS

El Infonavit crearía tres fideicomisos con los que Telra repararía las viviendas recuperadas, desarrollaría esquemas financieros para comercializarlas y una plataforma digital que facilitara la compraventa, renta e intercambio de los inmuebles. Además el instituto daba a la empresa acceso a diversas bases internas de datos.

El Consejo de Administración aprobó el PMH en la sesión del 25 de febrero de 2015, a la que asistió Murat. Para administrar el programa, el órgano autorizó contratar a una empresa que, entre otros requisitos, tuviera experiencia en desarrollo de productos inmobiliarios, estructuras financieras y jurídicas, y operara uno de los tres fideicomisos inmobiliarios con más activos en México.

El mismo día, Luis Rodolfo Argüelles, quien había presentado a Zaga con Murat y ahora era subdirector general de Canales y Servicios del Infonavit, solicitó la contratación directa de Telra.

La empresa no tenía experiencia ni operaba fideicomiso alguno, pero Argüelles argumentó que «sus accionistas forman parte del grupo denominado e-Group, que es un conjunto de entidades mexicanas formadas por individuos y empresas, las cuales se encuentran verticalmente integradas y que se dedican a la adquisición, desarrollo, renta y operación de desarrollos inmobiliarios, cuyos fundadores son: Moisés ElMann Arazi, Rafael Zaga Tawil, André ElMann Arazi y Teófilo Zaga Tawil».

El Infonavit adjudicó a Telra cuatro contratos entre marzo de 2015 y febrero de 2016. Uno de licencia de marcas, otro por los fideicomisos a crearse y la operación del PMH, el tercero por el desarrollo de la plataforma digital y el cuarto para desarrollar, implementar, operar y administrar el Programa Piloto de Regularización de Cartera.

UN DATO

Según los documentos revisados para este reportaje, tanto el contrato como la cancelación del mismo y la indemnización a Telra Realty fueron avalados por los máximos órganos de gobierno del Infonavit: la Asamblea General y el Consejo de Administración. El mismo instituto, víctima del supuesto acto de corrupción, no ha identificado responsabilidad contra «personas específicas» en el caso.

ASUME

Llegada de Penchyna

El 7 de marzo de 2016 David Penchyna rindió protesta ante la Asamblea General como director del Infonavit. Un año después argumentaría ante esa asamblea y el Consejo de Administración que los contratos que ambos órganos habían autorizado con Telra Realty eran ilegales, porque violaban el derecho de los trabajadores a una vivienda digna y creaban un monopolio privado de gestión de vivienda.

Según Penchyna, al asumir la dirección del Infonavit encontró que los documentos firmados por la Coordinación General Jurídica, de Octavio Tinajero, y la Subdirección General de Canales y Servicios, de Rodolfo Argüelles, incumplían lo aprobado por el Consejo de Administración y otorgaban excesivos privilegios a la firma.

El Consejo de Administración había aprobado que Telra cobrara la comisión de 10% y operara el programa exclusivamente cinco años, siempre y cuando la plataforma digital comenzara a operar «a más tardar nueve meses después de firmar el contrato con Infonavit y realice al menos 100 mil intercambios en los primeros 60 meses».


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