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Por Lic. Romeo Trujillo Arias / Abogado


El 15 de diciembre de 2013 se sancionó la Ley 172-13, que tiene como objetivo la protección integral de los datos personales registrados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de procesamiento de datos destinados a dar informes. , sean estos públicos o privados. Las normas de la referida ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

Los registros y bases de datos en virtud de los cuales una Sociedad de Información Crediticia (SIC), también conocido como “Buró de Crédito”, emite un informe crediticio relacionado con una persona, son accesibles a todas las entidades de intermediación financiera, agentes económicos, entidades públicas y otras personas naturales o jurídicas que tengan convenios con burós de información crediticia para acceder y obtener información al consumidor.

Es un hecho público y notorio que en nuestro país la gran mayoría de los agentes económicos utilizan estos informes crediticios para depurar y decidir si contratar con una persona en concreto, teniendo un gran impacto en la decisión; que, por tanto, la única publicación de información errónea y negativa en dichos registros por parte de una entidad proveedora de datos, es ya constitutivo en sí mismo de una afectación a la reputación, el honor y la imagen del afectado., lo cual no requiere de prueba adicional que evidencie la inexactitud para establecer fehacientemente la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil, es decir, la falta, el daño y el nexo de causalidad, al menos con la finalidad de reparar el daño moral, ya que, de Por supuesto, las pérdidas materiales adicionales deben demostrarse mediante pruebas adicionales.

En una ocasión, la Corte Suprema de Justicia consideró oportuno juzgar que la difusión de una imagen negativa en los créditos de una persona vulnera gravemente el derecho al buen nombre y reputación de una persona, que tienen rango constitucional (Enviado. 14 y 46, de 27 de noviembre de 2013, BJ 1236, Enviado. 1370, de 14 de diciembre de 2016 y Enviado. 667, de 29 de marzo de 2017).

Es muy importante establecer que el hecho de que la información errónea y la connotación negativa fueron subsanadas por el proveedor de datos, alegando que dicha corrección fue en tiempo oportuna o previa al reclamo, entendemos que carece de sustento legal, ya que dicha corrección de El error cometido por el proveedor de datos no implica que el daño haya sido reparado, ya que con la corrección lo que cesa es la continuidad del daño.

El hecho de que una persona haya sido incluida en un Sociedad de Información Crediticia (SIC), Como presunto deudor de un dador, por información errónea emitida por este último, constituye un daño moral, ya que esto ocasiona una situación de incertidumbre e impotencia indescriptible para el contra quien se hace, al verse afectado de esa forma, causar de una actuación negligente de un aportante, que se traduce en la configuración de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, a cargo del aportante de los datos erróneos, a saber: a.-) Una falta cometida por el proveedor de datos, consistente en la introducción de información errónea en los centros de información crediticia; B.-) Un daño moral sufrido por el ciudadano afectado, consistente en el descrédito, la vergüenza y la pena que sufre el ciudadano; Y C.-) una relación de causa y efecto entre la culpa y la lesión.

También es importante recordar que en relación con la valoración del daño moral, se ha juzgado en múltiples ocasiones que los jueces del fondo, en virtud del poder soberano de apreciación que otorga la ley, tienen la facultad de tasar el monto de los daños a su discreción. indemnización por daño moral, por tratarse de un hecho que escapa a la censura de la casación, salvo que exista una evidente desproporción entre la cuantía pactada y los daños ocasionados, que implique atentar contra el principio de razonabilidad; cuyo monto de indemnización debe estar relacionado con la magnitud del daño moral incurrido como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la controversia judicial, que puede consistir, por ejemplo, en el deterioro del crédito, la incertidumbre e impotencia del demandante, Asimismo, el monto de la indemnización debe establecerse en proporción al daño sufrido por la víctima, el cual es independiente de la magnitud de la falta cometida por el responsable, ya que la indemnización establecida tiene como finalidad reparar el daño moral, que por su parte la misma naturaleza no puede ser valorada matemáticamente. (Ver artículo de mi autoría: «Criterios de evaluación de daños morales», 3 partes).

Insistiendo en el daño moral, se debe respetar siempre el derecho que tiene todo ciudadano a un buen nombre y a mantener su reputación sin ataques que afecten el derecho a la buena imagen, los cuales, por ser derechos inherentes a la personalidad, tienen carácter y dimensión constitucional, y que para preservar el derecho a una buena imagen y privacidad, en América Latina se ha regulado incluso la figura del habeas dataComo acción constitucional, nos referimos a ciertos países sudamericanos. La moralidad es una propiedad extramatrimonial, por lo que no requiere para su existencia más que la actuación indebida, la afectación de la imagen y la reputación de un ser humano, que se da desde el momento en que se ofreció indebidamente en la Sociedad de la Información Crediticia (SIC ) o los burós de crédito, la información incorrecta, como por ejemplo, que una persona era deudora de un préstamo, sin dicho préstamo, o que había manejado una tarjeta de crédito en mora, siendo hechos inciertos.

Nuestra Constitución consagra en los artículos 38 y 42, como derechos fundamentales, el derecho a la dignidad y la moral de las personas, además, nuestro país es suscriptor de varios convenios legales internacionales sobre la protección de los derechos humanos, civiles y políticos, los cuales protegen la derecho al honor y reputación de las personas, entre los que se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, que igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 17: «1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques ”, Junto al Convención americana de derechos humanos «Pacto de San José, Costa Rica«, Concretamente en sus artículos 11 y 14.1.2.

El buen nombre ha sido definido por la doctrina como la reputación o la percepción que una persona tiene de los demás, que se conforma como un derecho cuando sufre una discapacidad producto de expresiones ofensivas, falsas o tendenciosas. Que este derecho a la personalidad es uno de los elementos más valiosos del patrimonio moral y social de la persona y un factor intrínseco de la dignidad humana que debe ser reconocido por cada persona tanto por el Estado como por la sociedad.

En definitiva, siempre que una persona sea vulnerada gravemente su derecho al buen nombre y reputación, al difundir una imagen negativa en sus créditos, consistente en tener o poseer, por ejemplo, un préstamo vencido o una tarjeta de crédito en estado sancionado, o cualquier Cualquier otra información que viole estos derechos constitucionalmente establecidos por un período de tiempo más o menos prolongado, deberá ser indemnizada, valoración de daños que caigan dentro de la apreciación soberana del juez, siempre que no incurra en desnaturalización.

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Suministro de información errónea a los burós de crédito o información crediticia