Germania, de 50 años de edad, tuvo que acudir a la Fiscalía y tras un año consiguió que una operadora telefónica privada la sacara del listado de deudores, lo que había desmejorado su calificación crediticia.
Ella vive en Cuenca, pero aparecía una línea convencional fija a su nombre en una dirección de Guayaquil.
“Era como si yo la hubiera tramitado. Me di cuenta de que no era sujeta de crédito cuando requerí uno en la banca privada en febrero del 2021 y me lo negaron, que no calificaba porque tenía deudas no canceladas desde el 2014, yo ni sabía, se suponía que no tenía ninguna deuda”.
Al averiguar se percató de que tenía un score bajo debido a esta deuda que era de 120 dólares. Cuando reclamó a la operadora, quien la atendió, cuenta, le dijo: ‘Nadie puede con nosotros, señora, haga lo que crea necesario’.
Ante ello siguió la recomendación del guardia de seguridad de la sucursal de la telefónica, quien le dijo que denunciara a la Fiscalía. “Hice tal cual, todo me parecía deshonesto, dije que no me iba a rendir así sea por 120 dólares de deuda que me habían puesto”.
Fue así como en febrero del 2021 inició un proceso que incluyó la participación de un perito para que reconozca las firmas.
“Como vivo en Cuenca intenté seguir el proceso desde mi ciudad, pero me dijeron que tenía que ir a Guayaquil porque la adquisición de la línea había sido allá. Les dije que hay Zoom, pero igual tuve que ir”, dice Germania.
En el lapso de un año consiguió comprobar que las firmas para la contratación del servicio de la línea no correspondían a la de ella, que era un caso de suplantación de identidad. “En el banco me decían que no me haga lío, que mejor pague, que no era mucho y que yo estaba solicitando más, pero no hice eso, me parecía injusto”.
“A veces sospecho que los mismos empleados hacen eso ya que sí mantengo líneas móviles con esa operadora. Al final por orden de la Fiscalía me sacaron del listado de deudores y mi score crediticio mejoró. Después ya podía realizar créditos, pero no lo logré cuando tenía la necesidad”.
La afectada dice que pese a que tiene planes vigentes con esa operadora, nunca le avisaron de la deuda por la línea convencional que supuestamente había tramitado en Guayaquil, ciudad en la que no vive.
Finalmente, sí obtuvo el préstamo que necesitaba a través de un familiar que calificaba.
Germania estuvo en las dependencias policiales y de la Fiscalía en Guayaquil para comprobar que no era su firma. “Tenía que llevar yo mismo los documentos a las oficinas de la operadora. Al final me sacaron de la lista como deudora y enseguida mi score mejoró”.
No es el único caso de personas que recién se dan cuenta de que no pueden acceder a un crédito formal cuando lo solicitan, debido a deudas de las que no son conscientes hasta ese momento.
Andrea (nombre protegido) tuvo un atraso en el pago de un plan celular en 2021, lo que recién se vio reflejado hace dos meses en el sistema, justo cuando pidió un crédito para cubrir gastos extras por una enfermedad que tenía su madre.
Ella acudió primero a uno de los burós de crédito privados que operan en el país para solicitar el historial que sustenta su calificación. Primero sacó un documento que contiene indicadores de riesgo a un costo de 11,75 dólares. El papel indicaba el score y si hay o no deudas pendientes. “Allí no salía nada, por lo que al llevarlo a la operadora me señalaron que debía llevar un papel en el que diga que por tal deuda con ellos estaba en el buró”.
Entonces Andrea tuvo que regresar a las oficinas del buró para obtener un segundo documento con información histórica más detallada, que le costó 13,75 dólares.
Con este último finalmente la operadora arregló ese desfase, que solo correspondía a un retraso de pago.
Su información ya está actualizada en el buró de crédito, sin embargo, tiene que esperar unos tres meses, según le dijeron en dos bancos privados, antes de volver a solicitar el préstamo. “Aún no se actualiza la información del buró. Las bases de datos que usan los bancos tienen como tres meses de atraso, me dijeron, así que igual me toca esperar”, asegura la afectada.
David Castellanos, líder de Data y Analítica de Equifax Ecuador, indica que “cada entidad financiera y comercial es responsable de reportar la información actualizada de sus clientes al buró de crédito”.
“Si alguna persona requiere que se revise su información se puede poner en contacto con Equifax al (02) 401-1800 opción 2 y un asesor le va a guiar por los pasos que se requieren para esta actividad. No obstante, el reporte de la información es responsabilidad de las entidades otorgantes de crédito (bancos, cooperativas y establecimientos comerciales) y son estas entidades las que deciden sobre el otorgamiento del crédito, el rol del buró es recopilar la información”, asegura.
Como recomendación. Castellanos indica que “si bien cada uno es consciente de los préstamos o las compras a crédito que ha obtenido, es fundamental siempre consultar el Reporte de Crédito”.
Se trata de un documento que permite saber en qué entidades se ha solicitado un crédito y cuánto es lo que se adeuda, así como detectar información registrada que pudiera estar errada o desactualizada. “Lo recomendable es que se consulte por el reporte cada tres meses. El reporte de Equifax se puede adquirir en la página web www.equifax.com.ec/miscreditos. También está disponible a nivel nacional en las agencias de Servipagos, Red Activa Western Union e instituciones financieras y locales comerciales de la Red de Servicios Facilito y en las oficinas de Equifax en Quito y Guayaquil”. (I)
Source link