Aunque fue percibido sólo por los culiacanenses que a esa hora circulaban en la zona, el sábado al entrar la noche se realizó una persecución policiaca de película entre el punto en que se ubica el Cinépolis y la colonia Infonavit Las Flores, trayendo a tiempo presente un terror que parecía difuminarse y que recrudece en los días previos a que la gente salga a votar el próximo 6 de junio. Pero ayer, con el asesinato del director de la Policía Estatal Preventiva, el ambiente electoral dio pasos agigantados hacia la elección en un ambiente de miedo.

Con todo el ánimo para que sea ésta una conjetura errónea, es previsible que los actos de intimidación dirigidos en forma directa contra candidatos con el objetivo de obligarlos a desistir de sus aspiraciones, podrían virar hacia los electores al imbuirles el miedo para que eviten salir a sufragar el primer domingo del mes próximo. Todavía no se contextualiza tal burbuja de amedrentamiento no obstante que sí inciden los indicios de violencia como inhibidora del voto.

Lo que sí hay es el llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para evitar que la seguridad pública entre en crisis en la coyuntura que mayores condiciones de estabilidad requiere, en todos los sentidos. Frente a la eventualidad de que la delincuencia organizada pretenda poner reglas y tensar la atmósfera de los comicios en puerta, el Estado adquiere la importancia estratégica de blindar el proceso democrático.

Para la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo, y sobre todo la población sinaloense, el retorno de hechos de violencia de alto impacto va más allá de la alta jerarquía del teniente coronel Joel Ernesto Soto porque ocurre en el momento en el cual se necesita respirar paz, creer en que existe tranquilidad, para acudir a las casillas dentro de 13 días contados a partir de hoy.

Después de la toma violenta de Culiacán que el 17 de octubre de 2019 realizó una célula del Cártel de Sinaloa tras rebasar a las instituciones en la capacidad táctica, numérica y constitucional para poner orden, el ataque que ayer le costó la vida al director de la Policía Estatal Preventiva adquiere relevancia en el contexto donde la barbarie ronda y trastorna el escenario electoral. En Sonora lo acabamos de ver con el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a Alcalde de Cajeme, Sonora, lo cual desencadenó que renunciara por miedo el aspirante a Gobernador de ese partido, Ricardo Bours.

Y cerca de las 21:00 horas del 22 de mayo las patrullas se desplazaban a toda velocidad hacia el sector Tres Ríos, en la franja que integran el bulevar Pedro Infante y la Avenida Federalismo, invadiendo inclusive la fuerza policiaca los sentidos contrarios de circulación vial y dejando a los automovilistas inmovilizados en aquello que traía a la memoria los enfrentamientos cruentos con el terror implícito.

Se trató de la persecución a un vehículo en el que supuestamente viajaban tres civiles que portaban armas de fuego, mismos que fueron alcanzados y detenidos a espaldas del Cinépolis después de que decenas de unidades policiacas los siguieron por el canal Recursos y los acorralaron en el punto mencionado. Otra vez, el pánico llevó a centenas de personas a rememorar las elecciones sobrecalentadas por el asedio de los gatilleros del narco.

Lejos de minimizar lo que ha ocurrido en Sinaloa en las horas recientes, o desde antes las amenazas e intimidaciones de la delincuencia para infundirles miedo a pretensos a cargos de elección popular para que desistan de sus aspiraciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel están obligados a acudir a la ley y la fuerza pública para proteger a candidatos y votantes.

El salvajismo del hampa acecha y muestra de ello es el reporte “Violencia Política en México” que realizó la consultora Integralia dando cuenta de 27 crímenes contra candidatos y 169 ataques a quienes están relacionados con campañas (militantes, activistas, periodistas, funcionarios, etc.) con 143 desenlaces fatales en el período que comprende de septiembre de 2020 a abril de 2021. Aquí debe sumarse a las mujeres y hombre que prefirieron abandonar las postulaciones antes de ser víctimas de la delincuencia.

Aun reconociendo que a la fecha la violencia política ha sido contenida en Sinaloa al menos en sus rasgos trágicos, es preciso que la elección local se refleje en el espejo de acontecimientos nacionales que alteran la efectividad del sufragio e instalan la eficacia del miedo. De una u otra manera lo grupos delictivos tratan de aleccionar a candidatos y votantes, a veces mediante la agresión directa y en ocasiones con sucesos que arredran a quienes al cruzar la boleta electoral vean y obedezcan la orden de los poderes fácticos. ¿Va Sinaloa a otra elección constitucional intimidada?


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