Grupos delictivos en la Península de Yucatán se valen de servicios o trámites en instituciones federales como Fovissste, Infonavit e INE para consumar el despojo de bienes a particulares, de acuerdo con diversas denuncias compartidas a Crónica.

Conforme a los modos de operación descritos, la apropiación ilegal de inmuebles con la confabulación de abogados y notarios afecta también a familias de recursos medios o bajos, cuya única oportunidad de vivienda fue la gestión de créditos populares.

“La mafia inmobiliaria despoja de sus casas a personas que acuden con abogados a realizar cancelaciones del Fovissste y del Infonavit; regularmente son casas de bajo costo y personas que toda la vida pagan su casa y carecen del dinero necesario para defenderse”, se lee en la ampliación de una demanda presentada ante la Fiscalía General de Yucatán.

Los avatares de la pandemia y el creciente interés por comprar una propiedad en áreas de creciente inversión pública han sido detonantes de estas fechorías.

La historia de la familia Murillo es modelo del engranaje: como en otras, se usó un poder notarial falso a favor de una persona extraña, quien realizó la venta a un tercero.

La casa estaba deshabitada temporalmente, pues don Martín, el legítimo dueño, se encontraba en la Ciudad de México para atenderse de algunas enfermedades.

“Mi papá recibía tratamiento postoperatorio y debía recurrir constantemente al ISSSTE para el control de la presión alta. Al ser una persona de alto riesgo, y en plena explosión del COVID-19, obviamente no podía tomar un vuelo hacia Yucatán ni salir de la Ciudad de México”, cuenta Arturo, hijo de la víctima.

Tras la venta fraudulenta, “una tía acudió a levantar el acta ante la Fiscalía y, aconsejada por un empleado del MP, se concentró en conseguir un segundo testimonio sobre la propiedad legítima de mi padre. Se le hizo fácil pedir ayuda con el abogado que en el pasado había realizado el trámite del traspaso de la casa y que tan sólo meses antes se encargó de la cancelación de la hipoteca. En apariencia lo conocíamos bien, porque varios de la familia habíamos realizado trámites con él”.

El aludido es José María Segura, “uno de los abogados recomendados por funcionarios del Fovissste y del Infonavit para realizar trámites de este tipo en el estado desde la época de Vicente Fox. A él le dan casi todas las escrituras a firmar y la liberación de adeudos”.

Cuando la tía llegó a su oficina, se sorprendió con la revelación:

-Hace dos meses su hermano vendió la casa, aquí mismo se firmó la última compra venta -le dijo.

-Falso, porque mi hermano está en la Ciudad de México.

-A mí me entregaron un poder notarial, lo revisé y todo estaba bien, incluso traía la foto de su hermano, su huella y firma.

“Con el tiempo nos dimos cuenta que Segura había planeado todo, porque él tenía todos los documentos personales de mi papá; con él, a sugerencia de los del Fovissste, se realizó todo el proceso de la adquisición inicial y también sabía que mi papá estaba en México. Preparó todo, aprovechándose de la pandemia. Descubrimos después que trabajaba con puros papeles apócrifos, lo había hecho en muchos otros casos (en los cuales también ha estado inmiscuido el notario Carlos Tomás Goff Rodríguez, citado en la primera entrega de este trabajo)”, cuenta Arturo.

Al transcurrir las semanas, Segura se descaró, sumándose a las intimidaciones contra la familia: “Más les vale no hacer nada, porque van a tener muchos problemas y hasta irán a parar a la cárcel”.

“Llegó a ofrecerle 40 mil pesos a mi tía para que dejara todo en paz, tenemos grabaciones. Y otros 20 mil pesos al defensor que contratamos, quien luego también nos jugó mal: cuando presentó la denuncia, omitió los nombres del notario y del abogado transa”.

Otros de los hallazgos se derivaron de indagatorias familiares ante el INE: la credencial de elector con la cual supuestamente don Martín expidió el poder notarial usado en la transacción, era falsa: no coincidía ni su rostro ni su firma ni su dirección. Jamás se encontró en los registros del Instituto.

Además, la credencial de la prestanombres, a quien supuestamente se cedió el poder, también era apócrifa.

“Hemos llevado casos similares en los cuales los abogados de las familias terminan por cambiar de bando y son quienes ponen a las víctimas”, señala el defensor Enrique Mendoza Bolio, de la asociación “En Defensa de la Seguridad Jurídica Yucateca”.

“Es un fenómeno que se extrapoló de Cancún, aunque allá ha sido más terrible porque el registro público funciona distinto y opera el narco: con una meridiana facilidad llegan, agarran tu inmueble y sin necesidad de artimañas legales o documentales, a la fuerza, te suben a una camioneta y te hacen firmar. Se volvió muy atractivo ese modus operandi y ha ido escalando. Casi siempre están inmiscuidas las mismas personas, tanto notarios como abogados y, quizá lo más grave, ministerios públicos y gente del Poder Judicial”.

-La impunidad total…

-Sí, las denuncias no llegan a buen puerto, porque hay corrupción. Juegan con la desesperación del denunciante, con su tiempo y dinero y, al final, la mayoría termina por cansarse.

Ahora mismo lleva un caso ejemplificador, en el cual la víctima ha sucumbido al hartazgo: un hombre de 84 años, despojado de una propiedad en Puerto Progreso, entre firmas falsas y prestanombres. “Utilizaron a un chofer, un señor humilde a quien se logró vincular a proceso: vendía su firma, porque tiene como 10 denuncias diferentes, y así muchos casos: gente de escasos recursos usada como comodín, aunque detrás de ellos hay poderosos. El proceso se ha ido alargando para jugar con la edad de mi cliente”.

Los Murillo buscan aún la nulidad del poder notarial amañado y el bloqueo del folio electrónico asignado a la casa, con la intención de evitar engaños múltiples: han documentado asuntos idénticos en los cuales la misma propiedad ha sido vendida cuatro o cinco veces. “Es mucha la incertidumbre y la angustia -dice Arturo-, ya no quisiéramos que más familias pasaran por lo mismo”…

EL DATO

Cuando llegó Mauricio Vila al gobierno (1 de octubre de 2018) uno de sus primeros actos públicos fue suspender a dos notarios y revocar la patente de 19 escribanos: otra especie de fedatarios públicos en Yucatán.


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Abogados recomendados por Fovissste e Infonavit arman despojos contra derechohabientes